Esta ley establece el uso (en territorio estadounidense) de un mecanismo de censura sobre Internet similar al que se utiliza en China, Irán o Siria y que censura las webs que el gobierno quiere.
El objetivo de la ley, según sus defensores, es perseguir la piratería en línea combatiendo aquellas prácticas sociales que ellos consideran ilícitas: intercambiar música, compartir películas, vídeos y demás contenidos protegidos por el derecho intelectual.
Esta controversial ley estaría logrando lo que nunca pudiéramos imaginar, la potencial unión de los principales portales de Internet para hacer una huelga general el día 23 de Enero próximo, es decir, de acuerdo a cNet para ese día los servidores de los principales portales (incluyendo a: Google, Facebook, YouTube, Wikipedia, Linkedin, Amazon, entre otros) mostrarían una pantalla en negro en la que publicarán advertencias anti-censura, solicitando a los usuarios que se pongan en contacto con la esfera política para pedir el voto en contra de la ley.
Algunas de las consecuencias inmediatas y qué pasaría de ser aprobada la ley serían:
- Cierre de todo sitio web que atente contra los derechos de autor con un aviso de parte de los afectados (sellos discográficos, desarrolladores de software, etc.) para que en menos de 24 horas y sin juicio previo, el sitio en cuestión sea bloqueado de Internet.
- El bloqueo será a nivel de dominio, Hosting, DNS o ISP (diferentes sistema que asocia información con nombres de dominio). Es decir, un sitio como Facebook o Twitter ya no podrá tener links a cosas como canciones, videos, documentos o noticias ya que estarían infringiendo la normativa y, por consecuencia, se cerraría la cuenta asociada a dicha acción.
- La privacidad de las personas estaría en grave riesgo ya que el proyecto de ley otorga plena libertad a sus administradores de realizar monitoreos de los internautas con el objetivo de buscar a quienes cometan infracciones de derechos de autor.
- La aplicación de SOPA se extenderían a toda la red toda vez que una buena parte de las empresas que ofrecen servicios relacionados con internet tienen su sede en EE.UU. (Google, PayPal, Twitter) y buena parte del sistema financiero global se verían obligados a cumplir con esta legislación.
